Personas con discapacidad
Personas con discapacidad
En Miranda Rubio Abogados, podemos asesorarle al instar un procedimiento judicial para proveer los apoyos necesarios a la persona que los necesite.
La ley ampara la protección integral de las personas con discapacidad para la toma de decisiones que afecten a su esfera personal y patrimonial, con el objetivo de prestarles apoyo para que desarrollen su capacidad libremente, garantizando en todo momento sus derechos.
Estas medidas de apoyo pueden afectar a diferentes aspectos de la vida de la persona con discapacidad: la gestión de su economía, patrimonio, pautas farmacológicas, etc.
Las personas menores de edad, con o sin alguna discapacidad, están sujetas a la patria potestad de sus progenitores. Con la mayoría de edad, esta se extingue y la persona que hasta ese momento estaba sujeta a ella adquiere por sí misma plena capacidad de obrar.
En el caso de personas con discapacidad física, psíquica o una situación análoga que impida el pleno uso de la capacidad jurídica de la persona, la adopción de medidas de apoyo judicial hace posible el desarrollo pleno de su personalidad y el desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad.
Miranda Rubio Abogados
Expertos en personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Consulte con nuestros profesionales. Somos especialistas en la materia.
Hasta la entrada en vigor en septiembre de 2021 de la nueva regulación para el apoyo a las personas con discapacidad, introducida por la Ley 8/2021, de 2 de junio, cuando una persona necesitaba asistencia o ayuda para celebrar un negocio o ejercitar una acción de trascendencia jurídica había que acudir a un procedimiento judicial de incapacitación o modificación de la capacidad que conllevaba la pérdida o restricción de su capacidad y se designaba a una persona que la sustituía y actuaba en su lugar y/o la complementaba.
Sin embargo, con la entrada en vigor de la nueva normativa indicada el objetivo que se pretende es asegurar al máximo que la persona afectada por una discapacidad pueda ejercitar por sí misma sus derechos y que pueda desarrollar al máximo sus posibilidades de autogobierno, respetando su voluntad y preferencias, de forma que la limitación se refiera a aquellos ámbitos que estrictamente requieran apoyos y protección.
En consecuencia, se sustituye el antiguo sistema de incapacitación, suprimiendo la declaración de incapacidad o modificación de la capacidad, desaparece la tutela, así como la patria potestad prorrogada o rehabilitada para personas con discapacidad mayores de edad, por el establecimiento de medidas de apoyo que una persona con discapacidad pueda necesitar para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, con la finalidad de permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su actuación jurídica en condiciones de igualdad.
Por ello, las medidas de apoyo que se adopten han de ser adaptadas a las necesidades de la persona que las precise, respetando siempre la máxima autonomía de esta en el ejercicio de su capacidad jurídica y atenderán en todo caso a su voluntad, deseos y preferencias, respetando la dignidad de la persona y la tutela de sus derechos fundamentales.
La nueva ley regula distintas medidas de apoyo:
1 - Medidas de apoyo voluntarias
Las medidas voluntarias son aquellas que establece la propia persona con discapacidad o en previsión de que pueda tenerla en el futuro, y puede determinar la persona que se designa para prestarle el apoyo, cómo debe prestárselo, en qué situaciones concretas, así como el alcance de las mismas, incluso las medidas de control que quiera establecer.
Estas medidas se establecen ante notario quien debe velar para que se respete la voluntad, deseos y preferencias de la persona y no haya abusos o influencias indebidas.
2 - Medidas de apoyo judiciales
A) Curatela
Es una medida formal de apoyo que deberá ser establecida judicialmente para los casos en los que la persona con discapacidad necesita apoyo de manera continuada.
Se trata de una medida de apoyo que se adoptará cuando no exista otra medida de apoyo suficiente para la persona con discapacidad y, como regla general, tendrá carácter asistencial, es decir, supone una ayuda para que la persona con discapacidad pueda desenvolverse jurídicamente y desarrollar su personalidad.
De manera excepcional el curador tendrá facultades representativas para los actos concretos que se determinen en la resolución judicial que se dicte, es decir, actuará en nombre de la persona con discapacidad.
Entre sus obligaciones el curador debe hacer inventario de los bienes y derechos de la persona con discapacidad en un plazo de sesenta días desde la aceptación del cargo para el que ha sido nombrado y deberá rendir cuentas respecto a la gestión del patrimonio cuando dicha obligación haya sido impuesta por el juez.
El curador deberá solicitar autorización judicial para la realización de los actos establecidos legalmente (artículo 287 del Código Civil) y atendiendo a la resolución judicial dictada (como por ejemplo para vender un inmueble de la persona con discapacidad).
B) Guarda de hecho
El guardador de hecho suele ser la persona que habitualmente se encarga de la atención y cuidado de la persona con discapacidad, se trata de alguien cercano y de confianza, y para su nombramiento no se requiere de una resolución judicial.
El guardador de hecho de la persona con discapacidad puede prestar los apoyos en los ámbitos que podemos denominar de administración inmediata: solicitar pensiones o ayudas para la persona con discapacidad y en beneficio de esta, realizar operaciones económicas de poca entidad para atender sus necesidades, pedir plaza en un centro ocupacional, etc.
Ahora bien, el guardador de hecho necesitará autorización judicial para los actos concretos establecidos legalmente (artículo 287 del Código Civil) que comportan una mayor trascendencia económica o complejidad, y también cuando deba actuar en representación de la persona con discapacidad.
Esta medida de apoyo puede coexistir con una medida de apoyo judicial cuando ésta última sea necesaria para algún acto en el que no resulte suficiente la guarda de hecho.
El guardador de hecho puede ser requerido judicialmente en cualquier momento para que rinda cuentas de su actuación.
C) Defensor judicial
Se trata de una medida de apoyo que deberá ser adoptada judicialmente para el caso de que la persona con discapacidad necesite de un apoyo puntual para una situación concreta, es decir, de forma ocasional.
Se nombrará un defensor judicial en las siguientes situaciones:
- Cuando, por cualquier causa, quien haya de prestar apoyo no pueda hacerlo.
- Cuando exista conflicto de intereses entre la persona con discapacidad y quien haya sido nombrado para prestarle apoyo.
- Cuando se hubiera iniciado un procedimiento para la provisión de medidas judiciales de apoyo a la persona con discapacidad y la autoridad judicial lo considere necesario para la administración de los bienes hasta que recaiga resolución judicial.
- Cuando durante la tramitación de la excusa alegada por el curador la autoridad judicial lo considere necesario.
El defensor judicial, una vez realizada su gestión, deberá rendir cuentas de la misma ante la autoridad judicial.
Todas las medidas judiciales de apoyo deben ser revisadas periódicamente en un plazo no superior a tres años, que el juez, de manera excepcional, puede ampliar hasta los seis años.
Por último, para concluir, conviene poner de manifiesto que, con relación a las resoluciones dictadas conforme a la normativa anterior en virtud de las cuales se declaraba la incapacidad de una persona o se modificaba judicialmente su capacidad, en cualquier momento puede solicitarse de la autoridad judicial su revisión para su adaptación a la nueva regulación, que deberá producirse en el plazo máximo de un año desde dicha solicitud.